El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha hecho de la seguridad uno de los principales temas de su gobierno desde que asumió el cargo en 2019.
Su enfoque en la seguridad ha sido controvertido, pero ha sido elogiado por algunos por reducir los índices de criminalidad en un país que ha sido duramente afectado por la violencia y la delincuencia.
Desde el inicio de su mandato, Bukele ha implementado medidas drásticas para combatir la inseguridad. Una de las medidas más notables fue la creación de la Fuerza Armada de El Salvador para abordar la violencia en las calles.
También ha implementado medidas para combatir el crimen organizado y la corrupción, incluyendo la creación de una unidad especializada en investigar la corrupción en el sector público.
El enfoque de Bukele en la seguridad ha generado críticas por parte de grupos de derechos humanos, quienes lo acusan de violar los derechos humanos y de abuso de poder.
En agosto de 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la falta de transparencia en las operaciones de seguridad del gobierno de Bukele.
A pesar de las críticas, los índices de criminalidad en El Salvador han disminuido significativamente desde que Bukele asumió el cargo. Según el Observatorio de la Violencia de El Salvador, el número de homicidios en el país disminuyó en un 60% en los primeros ocho meses de 2020 en comparación con el mismo período en 2019.
Sin embargo, el enfoque de Bukele en la seguridad también ha generado controversia en otros ámbitos, incluyendo su relación con los medios de comunicación y la oposición política.
En noviembre de 2020, el Congreso de El Salvador, controlado por el partido de Bukele, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país. La medida fue criticada por grupos internacionales de derechos humanos y organizaciones políticas, quienes acusaron a Bukele de violar la separación de poderes y la independencia judicial.
A pesar de las críticas, Bukele ha mantenido su postura en la seguridad, argumentando que es necesaria para proteger a la población de la violencia y la delincuencia en El Salvador.
En febrero de 2021, Bukele anunció la creación de una comisión especial para investigar los casos de corrupción en el sector público. La medida fue vista como un intento de mejorar la transparencia en el gobierno y de abordar las preocupaciones de los críticos.
