Mediante un oficio enviado al Procurador General de la Nación, el concejal de Pereira, Carlos Alfredo Crosthwaite, solicitó la separación del cargo de la secretaria de Desarrollo Social, Karen Zape y la responsabilidad que le cabe al alcalde Juan Pablo Gallo, al no acatar la medida provisional del Juzgado Cuarto Civil Municipal que ordenó el 11 de enero pasado la protección del ciudadano pereirano José Omar Ospina Ocampo, de 65 años, mismo que fue encontrado muerto en las calles el siguiente lunes 14 de enero.
Ospina murió en un andén a causa de una bronconeumonía derivada de dormir a la intemperie, caso que se suma otros, como el de Leonel de Jesús Galvis, de 62 años, con insuficiencia respiratoria y sin atención pese a portar carnet de Asmetsalud por ser habitante de calle; o las bodegas o viviendas adaptadas por los contratistas del municipio para la atención de los adultos en situación de calle, muy lejos de cumplir con los requisitos de un verdadero Centro de Vida Integral o Centro para Beneficio del Anciano.
De acuerdo con Crosthwaite, «esta situación da cuenta de la inversión mínima o nula de la Estampilla Pro anciano con la que el Municipio recauda impuestos significativos y que hoy posee depositados en una cuenta de Davivienda por no menos de $22.000 millones que al parecer solo benefician a las entidades financieras y a los negocios particulares de los administradores del erario».
A continuación el Oficio enviado a la Procuraduría General:
