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Pereira

Defensoría del Pueblo solicita medidas cautelares para afectados en Pereira

Lo que actualmente enfrentan en sus estructuras habitacionales conlleva graves afectaciones a sus derechos a la vida, salud y vivienda.

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El año anterior la entidad de derechos humanos había interpuesto una acción popular; ahora, con el nuevo mecanismo jurídico radicado ante el Juzgado Segundo Administrativo de la capital de los risaraldenses, lo que busca es proteger una serie de derechos colectivos, como el disfrute de un ambiente sano, el goce de una salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios, que permita garantizar sus derechos fundamentales.

“Como Defensoría del Pueblo, le solicitamos al Juzgado Segundo Administrativo de Pereira decretar medidas cautelares, con el objetivo de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y el municipio implementen las recomendaciones de la Dirección de Gestión del Riesgo de la ciudad, cuyo fin es dar soluciones de fondo a la grave situación que enfrentan más de 240 familias de la comunidad del barrio Millán Rubio”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La solicitud, asegura el Defensor, se suma a la acción popular interpuesta el año anterior por la entidad contra la Empresa de Acueducto de la capital de los risaraldenses, “con el propósito de que sean amparados los derechos de las familias afectadas por filtraciones de agua persistentes, situación que padecen hace más de ocho años”.

Lo que actualmente enfrentan en sus estructuras habitacionales conlleva graves afectaciones a sus derechos a la vida, salud y vivienda, por lo tanto, para la institución nacional protectora y garante de los derechos humanos, es imperativo la implementación de medidas integrales para proteger a los afectados.

“Nos hemos reunido directamente con las comunidades para verificar el estado actual de la problemática y asegurar el cumplimiento de las acciones que les corresponden al municipio y a la empresa proveedora de los servicios de acueducto”, afirma el Defensor del Pueblo.

Las permanentes inundaciones están vulnerando una serie de derechos colectivos, como el disfrute de un ambiente sano, el goce de una salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios, que permita garantizar sus derechos fundamentales.

“Les reiteramos a las autoridades que deben poner en marcha medidas urgentes para evitar que se consuma el riesgo de situaciones tan lamentables, como la tragedia de la ladera del río Otún, que, es lamentable recordarlo, dejó un saldo de 17 personas fallecidas a causa de un deslizamiento de lodo, tierra y roca”, indica Carlos Camargo Assis.

El Defensor del Pueblo recalcó, en su visita hecha al barrio Millán Rubio con un equipo de profesionales del nivel central de la entidad y de su Regional Risaralda, que la comunidad del lugar lo que necesita es estar en un entorno saludable, en las condiciones dignas que merecen como seres humanos.

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